Ley de Seguridad Ciudadana (LO 4/2015)

El tema 15 del Anexo III dice: «Ley de Seguridad Ciudadana. Disposiciones generales. Documentación e identificación personal. Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Potestades especiales de policía administrativa de seguridad. Régimen sancionador.» Es exactamente el índice de la ley: cada frase del epígrafe es un capítulo.

Las dos sentencias del Tribunal Constitucional

• STC 172/2020, de 19 de noviembre BOE: anula el inciso «no autorizado» del art. 36.23 (uso de imágenes de agentes). El resto del apartado y los arts. 37.3 y 37.7 son constitucionales interpretados como dice la sentencia, igual que el «rechazo en frontera» de Ceuta y Melilla.
• STC 13/2021, de 28 de enero BOE: confirma la constitucionalidad, con interpretación, de los arts. 36.22, 36.23 y 37.7.

Cómo usar estos apuntes. Siguen el orden de la ley sin saltarse ningún artículo y cada referencia enlaza con el artículo exacto del BOE. Al final tienes las trampas típicas y una tabla con todos los números.

Objeto art. 1

«La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes.»LO 4/2015, art. 1.1

La ley regula un conjunto plural y diversificado de actuaciones para tutelar la seguridad ciudadana mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos (art. 1.2).

Ámbito de aplicación art. 2

• Se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias autonómicas en seguridad pública (art. 2.1).
• Quedan fuera las normas sobre el buen orden de los espectáculos y la protección de personas y bienes mediante una acción administrativa ordinaria, aunque intervengan las FCS, si forman parte del sistema preventivo habitual del espectáculo (art. 2.2).
• Se aplica sin perjuicio de los regímenes de seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o en los transportes, y quedan a salvo la defensa nacional y los estados de alarma, excepción y sitio (art. 2.3).

Fines art. 3

1. Protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales, libertades públicas y demás derechos.
2. Garantía del normal funcionamiento de las instituciones.
3. Preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas.
4. Respeto a las leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de derechos y libertades.
5. Protección de personas y bienes, con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
6. Pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y espacios de uso público.
7. Garantía de la normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad.
8. Prevención de delitos e infracciones administrativas relacionadas con estos fines y sanción de las tipificadas en la ley.
9. Transparencia en la actuación de los poderes públicos en seguridad ciudadana.

Principios rectores art. 4

«se regirá por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y se someterá al control administrativo y jurisdiccional»LO 4/2015, art. 4.1

• Los capítulos III y V se interpretan del modo más favorable a los derechos fundamentales, singularmente reunión y manifestación, expresión e información, libertad sindical y huelga (art. 4.1).
• La actuación de las FCS se sujeta a los principios básicos del art. 5 de la LO 2/1986 (art. 4.2).
• La intervención se justifica por una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente peligroso que razonablemente pueda causar un perjuicio real para la seguridad ciudadana (art. 4.3).

Autoridades y órganos competentes art. 5

Al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, le corresponde preparar, dirigir y ejecutar la política de seguridad ciudadana (art. 5.1).

Cooperación interadministrativa art. 6

Las administraciones se rigen por los principios de cooperación y lealtad institucional, con intercambio de información, asistencia técnica y coordinación cuando sea preciso.

Deber de colaboración art. 7

• Autoridades y funcionarios: deben colaborar y auxiliar. Si por su cargo conocen hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana, deben comunicarlo inmediatamente (art. 7.1).
• Particulares: se les puede pedir ayuda en la medida necesaria, sobre todo en grave calamidad o catástrofe, siempre que no implique riesgo personal. Si sufren daños, se les indemniza (art. 7.2).
• Seguridad privada (empresas, detectives y personal): especial deber de auxiliar a las FCS, colaborar y seguir sus instrucciones (art. 7.3).
• Personal de policía administrativa: especial deber de colaborar en los fines del art. 3 (art. 7.4).
• No colaborar con las FCS en los supuestos del art. 7 es infracción grave (art. 36.15).

DNI: acreditación de la identidad art. 8

«Es el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.»LO 4/2015, art. 8.1

• Los españoles tienen derecho a que se les expida. Es documento público y oficial (art. 8.1, en la redacción del Real Decreto-ley 14/2019).
• Figuran la fotografía y la firma y los datos que fije el reglamento. Nunca raza, etnia, religión, creencias, opinión, ideología, discapacidad, orientación o identidad sexual, ni afiliación política o sindical (art. 8.2).
• Permite la identificación y la firma electrónica a los mayores de edad con plena capacidad y a los menores emancipados. El certificado se revoca a instancia de Interior cuando el Registro Civil comunica una resolución de capacidad, un fallecimiento o una declaración de ausencia (art. 8.3; ver DA 4.ª).

Obligaciones del titular art. 9

• Obligatorio a partir de los 14 años. Personal e intransferible; hay que mantenerlo en vigor y custodiarlo. No se puede privar de él, ni temporalmente, salvo que la ley prevea sustituirlo por otro documento (art. 9.1).
• Hay que exhibirlo y permitir comprobar sus medidas de seguridad cuando lo requieran la autoridad o sus agentes para los fines del art. 16.1 (art. 9.2).
• Su sustracción o extravío se comunica tan pronto como sea posible a la comisaría o puesto de las FCS más próximo (art. 9.2).

Competencias sobre el DNI art. 10

Competencia exclusiva del Ministerio del Interior, ejercida por la Dirección General de la Policía, que custodia también los archivos. Su expedición está sujeta a tasa.

Pasaporte art. 11 art. 12

• Documento público, personal, individual e intransferible. Acredita identidad y nacionalidad de los españoles fuera de España y, dentro, de los españoles no residentes (art. 11.1).
• Hay derecho a obtenerlo salvo: a) condena a penas o medidas privativas de libertad no extinguidas (salvo autorización judicial); b) retirada judicial; c) libertad vigilada con prohibición de salir de España (salvo autorización); d) prohibición judicial de salida o de expedición a menores o personas con capacidad modificada (art. 11.2).
• Los menores y los sometidos a tutela necesitan el consentimiento expreso de quien ejerza la patria potestad o tutela o, en su defecto, del juez (art. 11.3).
• Hay que exhibirlo cuando se requiera y comunicar su pérdida de manera inmediata a las FCS o al consulado (art. 11.4).
• Lo expide en España la Dirección General de la Policía y en el extranjero las representaciones diplomáticas y consulares. Sujeto a tasa. El Gobierno desarrolla su régimen a propuesta de Interior y Exteriores (art. 12).

Extranjeros art. 13

• Tienen el derecho y la obligación de llevar su documentación de identidad del país de origen y la que acredite su situación regular (art. 13.1).
• Solo pueden ser privados de su documentación de origen en investigaciones judiciales de carácter penal (art. 13.2).
• Deben exhibirla cuando se les requiera, por el tiempo imprescindible, pero pueden demostrar su identidad por otro medio si no la llevan (art. 13.3).

Disposiciones relacionadas

• DA 3.ª: para obtener el DNI y el pasaporte es obligatorio comparecer en persona. Excepción: el pasaporte provisional en un consulado, por enfermedad, riesgo, lejanía u otras razones análogas acreditadas.
• DA 4.ª: el Registro Civil comunica a Interior las resoluciones de capacidad modificada, fallecimientos y declaraciones de ausencia o fallecimiento, para aplicar el art. 8.3.

Órdenes y prohibiciones art. 14

Las autoridades pueden dictar órdenes, prohibiciones y actuaciones policiales estrictamente necesarias, mediante resolución debidamente motivada.

Entrada y registro en domicilio y edificios oficiales art. 15

• En domicilio, solo en los casos que permitan la Constitución y las leyes (art. 15.1).
• Causa legítima suficiente: evitar daños inminentes y graves a personas y cosas en catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros casos de extrema y urgente necesidad (art. 15.2).
• En edificios de organismos oficiales o entidades públicas no hace falta el consentimiento de la autoridad o funcionario a cargo (art. 15.3).
• Si se entra en un domicilio particular por estas causas, el acta o atestado se remite sin dilación a la autoridad judicial (art. 15.4).

Identificación de personas art. 16

Para indagar y prevenir delitos y sancionar infracciones penales y administrativas, los agentes pueden requerir la identificación:

• a) Cuando haya indicios de que la persona ha podido participar en una infracción.
• b) Cuando sea razonablemente necesario para prevenir un delito.
• Pueden hacer las comprobaciones en la vía pública o en el lugar del requerimiento, incluida la identificación de quien lleve el rostro cubierto.
• Rigen estrictamente la proporcionalidad, la igualdad de trato y la no discriminación por nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión u otra circunstancia.

«a los solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas»LO 4/2015, art. 16.2

Restricción del tránsito y controles art. 17

• Los agentes pueden limitar la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad ante alteraciones de la seguridad o la convivencia, o indicios racionales de que se produzcan, por el tiempo imprescindible. Pueden ocupar preventivamente efectos o instrumentos para acciones ilegales (art. 17.1).
• Para prevenir delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, descubrir y detener a sus partícipes y recoger pruebas, se pueden establecer controles en vías, lugares o establecimientos públicos, si es indispensable identificar personas, registrar vehículos o hacer un control superficial de efectos personales (art. 17.2).

Comprobaciones y registros en lugares públicos art. 18

• Comprobaciones en personas, bienes y vehículos para impedir que se porten o usen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u objetos de riesgo grave, cuando haya indicios de su presencia. Los ciudadanos deben colaborar y no obstaculizar (art. 18.1).
• Ocupación temporal de objetos o medios de agresión, incluso armas con licencia, para prevenir delitos o si hay peligro para personas o bienes (art. 18.2).

Disposiciones comunes a identificación, registro y comprobación art. 19

• No están sujetas a las formalidades de la detención (art. 19.1).
• La aprehensión de armas, drogas u otros efectos de un delito o infracción consta en un acta que firma el interesado (si se niega, se hace constar). El acta goza de presunción de veracidad salvo prueba en contrario (art. 19.2).

Registros corporales externos art. 20

• Registro externo y superficial cuando haya indicios racionales de que puede llevar al hallazgo de instrumentos u objetos relevantes (art. 20.1).
• Salvo urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes: a) lo hace un agente del mismo sexo; b) si hay que dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas, en lugar reservado y fuera de la vista de terceros, con constancia escrita de la diligencia, sus causas y el agente (art. 20.2).
• Principios del art. 16.1 y de injerencia mínima; se informa de las razones de modo inmediato y comprensible (art. 20.3).
• Pueden hacerse contra la voluntad del afectado, con la compulsión indispensable, según idoneidad, necesidad y proporcionalidad (art. 20.4).

Medidas de seguridad extraordinarias art. 21

En situaciones de emergencia, las autoridades pueden acordar el cierre o desalojo de locales, la prohibición del paso, la evacuación de inmuebles o espacios acotados o el depósito de explosivos, durante el tiempo estrictamente necesario. Los agentes pueden adoptarlas si la urgencia lo exige, incluso con órdenes verbales.

«se entiende por emergencia aquella situación de riesgo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una actuación rápida por parte de la autoridad o de sus agentes para evitarla o mitigar sus efectos»LO 4/2015, art. 21

Videocámaras art. 22

La autoridad gubernativa y las FCS pueden grabar personas, lugares u objetos con cámaras de videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, según su legislación específica.

Reuniones y manifestaciones art. 23

• Las autoridades protegen la celebración de reuniones y manifestaciones e impiden que se perturbe la seguridad (art. 23.1).
• Pueden disolver reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones en los supuestos del art. 5 de la LO 9/1983, del derecho de reunión (art. 23.1).
• Pueden disolver concentraciones de vehículos y retirar obstáculos que impidan, pongan en peligro o dificulten la circulación (art. 23.1).
• Las medidas son graduales y proporcionadas; la disolución es el último recurso (art. 23.2).
• Antes hay que avisar a los afectados, verbalmente si es urgente (art. 23.3).
• Sin previo aviso si la alteración se produce con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos (art. 23.3).

«La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso.»LO 4/2015, art. 23.2

Colaboración entre FCS art. 24

En estos casos las FCS colaboran mutuamente según su ley orgánica reguladora (LO 2/1986).

Registro documental art. 25

Quedan sujetas a obligaciones de registro documental e información las actividades relevantes para la seguridad ciudadana:

• Hospedaje y transporte de personas.
• Acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos en establecimientos abiertos al público.
• Comercio o reparación de objetos usados; alquiler o desguace de vehículos de motor.
• Compraventa de joyas y metales (preciosos o no), objetos u obras de arte.
• Cerrajería de seguridad; gestores de residuos metálicos; comercio al por mayor de chatarra o desechos.
• Venta de productos químicos peligrosos a particulares.
• También los titulares de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras (art. 25.2).

Medidas de seguridad en establecimientos art. 26

Por reglamento se puede obligar a adoptar medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios y en infraestructuras críticas, para prevenir delitos o infracciones, o cuando generen riesgos para terceros o sean especialmente vulnerables.

Espectáculos y actividades recreativas art. 27

• El Estado puede dictar normas de seguridad pública para los edificios e instalaciones (art. 27.1).
• Las autoridades pueden prohibir y, si ya han empezado, suspender espectáculos ante un peligro cierto para personas y bienes o graves alteraciones (art. 27.2).
• Los delegados de la autoridad presentes pueden suspenderlos por máxima urgencia, previo aviso a los organizadores (art. 27.3).
• Los espectáculos deportivos se sujetan a la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (art. 27.4).

Armas, explosivos, cartuchería y pirotecnia art. 28 art. 29

• Al Gobierno le corresponde regular fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización de armas (también imitaciones, réplicas y piezas), explosivos, cartuchería y pirotecnia, y su control (art. 28.1).
• La intervención de armas corresponde al Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Guardia Civil, que puede inspeccionar en cualquier momento (art. 28.2).
• Medidas de control: catalogación, autorización, inspección y vigilancia de fábricas y depósitos; habilitación del personal (art. 29.1.a).
• Licencias obligatorias para armas de fuego; para armas de defensa personal, expedición restrictiva y solo en estricta necesidad. Se valoran conducta y antecedentes, y el solicitante consiente que se recaben sus antecedentes penales (art. 29.1.b).
• Prohibición de fabricar, tener y comerciar armas y explosivos especialmente peligrosos (art. 29.1.c).
• Sector con regulación específica de inversiones; supervisión de los Ministerios de Defensa, Interior e Industria (art. 29.2).

«cuya expedición tendrá carácter restrictivo cuando se trate de armas de defensa personal»LO 4/2015, art. 29.1.b

Disposiciones relacionadas

• DA 1.ª: los precursores de drogas y explosivos se rigen por su legislación específica.
• DA 2.ª: las infraestructuras críticas se rigen por su normativa específica y, supletoriamente, por esta ley.
• DF 2.ª: los arts. 28 y 29 se dictan al amparo del art. 149.1.26.ª CE (armas y explosivos).

Sujetos responsables art. 30

• La responsabilidad recae directamente en el autor (art. 30.1).
• Exentos los menores de 14 años; la autoridad lo comunica al Ministerio Fiscal (art. 30.2).
• Organizadores o promotores de reuniones y manifestaciones: quienes suscriben la comunicación y también quienes de hecho las presiden o dirigen, o quienes por publicaciones, lemas, banderas u otros hechos puedan considerarse sus directores (art. 30.3).

Normas concursales art. 31

1. El precepto especial se aplica con preferencia al general.
2. El precepto más amplio o complejo absorbe al consumido.
3. En su defecto, el precepto más grave excluye al de menor sanción.

• Si un solo hecho constituye dos o más infracciones, o una es medio necesario para la otra, se sanciona por la de mayor sanción (art. 31.2).
• Lo que se usa para graduar o calificar no se sanciona aparte (art. 31.3).

Órganos competentes art. 32

Las ordenanzas municipales pueden introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de infracciones y sanciones, en los términos del art. 41 (art. 32.3).

Graduación de las sanciones art. 33

• Rige la proporcionalidad. En graves y muy graves la multa se divide en tres tramos iguales: mínimo, medio y máximo (art. 33.2).
• Regla general: cometer la infracción lleva la multa en grado mínimo.
• Grado medio si concurre al menos una: a) reincidencia (más de una infracción de la misma naturaleza en 2 años, declarada por resolución firme); b) violencia, amenaza o intimidación; c) rostro cubierto impidiendo o dificultando la identificación; d) utilizar a menores, personas con discapacidad o vulnerables.
• Criterios para individualizar dentro de cada grado: riesgo producido, cuantía y trascendencia del perjuicio, alteración de servicios públicos, culpabilidad, beneficio obtenido y capacidad económica del infractor.
• Grado máximo solo si los hechos revisten especial gravedad justificada.
• En las leves la multa se fija directamente según esas circunstancias y criterios (art. 33.3).

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves art. 34. Casi todas son subsidiarias: solo se aplican si el hecho no es delito.

Muy graves (4) art. 35

Graves (23) art. 36

Leves (17) art. 37

Prescripción de las infracciones art. 38

«prescribirán a los seis meses, al año o a los dos años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente»LO 4/2015, art. 38.1

• Se cuenta desde el día de la comisión. En las continuadas, desde la última; en las de efectos permanentes, desde que se eliminó la situación ilícita (art. 38.2).
• Se interrumpe con cualquier actuación administrativa conocida por el interesado dirigida a sancionar; se reanuda si el procedimiento se paraliza más de un mes por causa no imputable al responsable (art. 38.3).
• También se interrumpe por un procedimiento judicial penal hasta que el juez comunique su fin (art. 38.4).

Sanciones art. 39

Sanciones accesorias (art. 39.2):

• a) Retirada de las armas y de sus licencias o permisos.
• b) Comiso de bienes, medios o instrumentos y efectos de la infracción, salvo que pertenezcan a un tercero de buena fe. Si son de lícito comercio y su valor es desproporcionado, el comiso puede no acordarse o ser parcial.
• c) Suspensión de licencias o permisos (materias del capítulo IV): muy graves, de 6 meses y 1 día a 2 años; graves, hasta 6 meses. Con reincidencia: de 2 años y 1 día a 6 años, y hasta 2 años.
• d) Clausura de fábricas, locales o establecimientos (capítulo IV), con los mismos plazos que la suspensión.

Prescripción de las sanciones art. 40

• Muy graves a los 3 años, graves a los 2 años y leves al año, desde el día siguiente a la firmeza en vía administrativa (art. 40.1).
• Se interrumpe al iniciarse el procedimiento de ejecución con conocimiento del interesado; vuelve a correr si se paraliza más de un mes (art. 40.2).

Habilitación reglamentaria art. 41

Los reglamentos pueden introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de infracciones y sanciones, sin crear nuevas ni alterar su naturaleza y límites.

Reparación del daño e indemnización art. 42

• Si hay daños a la administración, la resolución se pronuncia sobre la reposición al estado originario o, si no es posible, la indemnización; si no está cuantificada, se fija en un procedimiento complementario que admite terminación convencional (art. 42.1).
• La responsabilidad civil es siempre solidaria entre todos los causantes (art. 42.2).
• Si el autor es menor de 18 no emancipado o persona con capacidad modificada, responden solidariamente padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores (art. 42.3).

Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana art. 43

• Se crea en el Ministerio del Interior exclusivamente para apreciar la reincidencia. Las CCAA con policía propia pueden crear los suyos (art. 43.1).
• Solo se anotan: datos del infractor, infracción, sanciones firmes, lugar y fecha, y órgano sancionador (art. 43.2).
• Se informa al sancionado. Los asientos se cancelan de oficio a los 3, 2 y 1 años (muy graves, graves y leves) desde la firmeza (art. 43.3).
• Las administraciones sancionadoras comunican sus resoluciones firmes y tienen acceso al Registro (art. 43.4).

Régimen jurídico art. 44

La potestad sancionadora se rige por el título IX de la Ley 30/1992 (hoy, Leyes 39/2015 y 40/2015) con las especialidades de este capítulo.

Subsidiariedad respecto del proceso penal art. 45

• Non bis in idem: no se sancionan hechos ya sancionados penal o administrativamente con identidad de sujeto, hecho y fundamento (art. 45.1).
• Si puede haber delito, el órgano pasa el tanto de culpa al juez o al Fiscal y se abstiene hasta que haya sentencia firme u otra resolución que ponga fin al proceso; mientras, se interrumpe la prescripción (art. 45.2).
• Si no hay delito, puede seguir el procedimiento, pero queda vinculado por los hechos probados en vía judicial (art. 45.3).
• Las medidas cautelares previas pueden mantenerse mientras el juez no resuelva otra cosa (art. 45.4).

Acceso a datos de otras administraciones art. 46

Las autoridades sancionadoras pueden acceder a los datos de los infractores relacionados con la investigación sin consentimiento del titular. La AEAT, la Tesorería General de la Seguridad Social y el INE (padrón) facilitan el acceso a sus ficheros a la Administración del Estado.

Medidas provisionales anteriores al procedimiento art. 47

• Los agentes intervienen y aprehenden cautelarmente los instrumentos de la infracción y el dinero, frutos o productos obtenidos. Los bienes fungibles cuyo depósito cueste más que su valor pueden destruirse (art. 47.1).
• En caso de grave riesgo o peligro inminente, los agentes pueden adoptar las medidas del art. 49.1 (salvo la f) antes de iniciar el procedimiento; deben ratificarse, modificarse o revocarse en 15 días en el acuerdo de incoación o quedan sin efecto (art. 47.2).

Actuaciones previas art. 48

Sirven para determinar hechos, responsables y circunstancias, y se incorporan al procedimiento. Pueden hacerse sin intervención del presunto responsable si es indispensable, dejando constancia escrita. No interrumpen la prescripción.

Medidas de carácter provisional art. 49

• Una vez incoado el expediente, por acuerdo motivado, para asegurar la resolución o la seguridad; nunca con carácter sancionador (art. 49.1). Entre otras: a) depósito de instrumentos, armas, drogas, etc.; b) medidas de seguridad a cargo de los titulares; c) suspensión o clausura preventiva; d) suspensión de actividades en establecimientos vulnerables sin medidas de seguridad; e) medidas en infraestructuras de servicios básicos; f) suspensión de autorizaciones o licencias; g) suspensión de la venta o reventa de entradas.
• Los gastos los paga el causante (art. 49.2).
• Duración máxima: la mitad del plazo previsto para la sanción, salvo acuerdo motivado (art. 49.3).
• Se notifican con indicación de recursos; pueden hacerse públicas si es necesario para la seguridad (art. 49.4).
• Son inmediatamente ejecutivas; se puede pedir su suspensión acreditando apariencia de buen derecho y daños de difícil reparación, con caución (art. 49.5).
• Se modifican si cambian las circunstancias y se extinguen con la resolución (art. 49.6).

Caducidad art. 50

El procedimiento caduca al año de su incoación sin notificar la resolución (descontando paralizaciones imputables al interesado o la suspensión por proceso penal). Se puede iniciar uno nuevo si la infracción no ha prescrito. Los procedimientos caducados no interrumpen la prescripción.

Efectos de la resolución art. 51

En la Administración del Estado es recurrible según la ley de procedimiento. Contra la que agota la vía administrativa cabe recurso contencioso-administrativo, en su caso por el procedimiento de protección de derechos fundamentales (Ley 29/1998).

Valor probatorio de las declaraciones de los agentes art. 52

«las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario»LO 4/2015, art. 52

Ejecución de la sanción art. 53

• Se ejecuta una vez firme en vía administrativa (art. 53.1).
• La suspensión de licencias empieza a cumplirse un mes después de la firmeza (art. 53.2).
• Las multas no pagadas se abonan en los 15 días siguientes a la firmeza; después, vía de apremio (art. 53.3).
• Las impuestas por el Estado se recaudan según el Reglamento General de Recaudación (art. 53.4).
• Si se acuerda devolver lo aprehendido y el titular no lo recoge en un mes, se destruye o se le da destino (art. 53.5).

Procedimiento abreviado art. 54

• Notificada la incoación por infracción grave o leve, hay 15 días para pagar con reducción o para alegar y proponer pruebas (art. 54.1).
• No se aplica a las muy graves (art. 54.2).
• Pagar en plazo supone: a) reducción del 50 %; b) renuncia a alegar (las alegaciones se tienen por no presentadas); c) fin del procedimiento el día del pago, sin resolución expresa, recurrible solo ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 54.3).

• La ley tiene 54 artículos en 5 capítulos. Entró en vigor el 1 de julio de 2015, no el día de su publicación (31/03/2015).
• El DNI es obligatorio desde los 14 años, y los menores de 14 están exentos de responsabilidad. Los dos datos coinciden.
• El DNI es el único documento que acredita la identidad por sí solo. El pasaporte acredita identidad y nacionalidad fuera de España y, dentro, solo la de los españoles no residentes.
• DNI y pasaporte en España los expide la Dirección General de la Policía; la intervención de armas es de la Guardia Civil.
• Traslado para identificar: máximo 6 horas; extracto mensual al Fiscal; asientos cancelados a los 3 años; volante a la salida.
• Registro corporal: agente del mismo sexo salvo urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes; puede hacerse contra la voluntad.
• La disolución de reuniones es el último recurso y requiere aviso previo, salvo alteración con armas, explosivos u objetos contundentes o peligrosos.
• Las diligencias de identificación y registro no tienen las formalidades de la detención.
• Órganos: Ministro, muy graves en grado máximo; Secretario de Estado, muy graves en grado medio y mínimo; Delegado del Gobierno, graves y leves; alcalde, en espacios o bienes municipales.
• Reincidencia: más de una infracción de la misma naturaleza en 2 años, con resolución firme. El Registro Central existe solo para apreciarla.
• Multas: leves 100-600 €, graves 601-30.000 € y muy graves 30.001-600.000 €. Las leves no tienen grados.
• Prescripción de infracciones: 6 meses, 1 año y 2 años. De sanciones: 1, 2 y 3 años. Cancelación en el Registro Central: 1, 2 y 3 años.
• Las actuaciones previas y los procedimientos caducados no interrumpen la prescripción.
• Abreviado: 15 días, reducción del 50 %, solo para graves y leves.
• Medidas de los agentes antes del procedimiento: ratificación en 15 días. Medidas provisionales: duración máxima de la mitad del plazo de la sanción.
• Haces de luz: sobre pilotos y conductores es muy grave; sobre agentes, leve.
• Negarse a identificarse es grave; faltar al respeto a un agente es leve.
• Consumo de drogas en la calle es grave; el de alcohol es leve y solo si perturba gravemente la tranquilidad.
• Art. 36.23: la STC 172/2020 anuló el inciso «no autorizado». Si una opción habla del «uso no autorizado de imágenes», recoge la redacción original, no la vigente.