Derechos fundamentales y libertades públicas
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El tema 2 del Anexo III dice: «Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión. Derecho de reunión. Derecho de asociación. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia al personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad.»
Es la sección 1.ª del capítulo II del título I de la Constitución (derechos fundamentales y libertades públicas). Para la reunión se añade la LO 9/1983; para sindicación y huelga de las FCS, la LO 11/1985 de Libertad Sindical y la LO 2/1986.
| Derecho | Artículo | Idea clave |
|---|---|---|
| Libertad ideológica, religiosa y de culto | CE, art. 16 | Límite: orden público; Estado aconfesional con cooperación. |
| Libertad y seguridad | CE, art. 17 | 72 h máximo; información inmediata; abogado; habeas corpus. |
| Domicilio y comunicaciones | CE, art. 18 | Entrada: consentimiento, resolución judicial o flagrante delito. |
| Residencia y circulación | CE, art. 19 | Españoles; sin límites por motivos políticos o ideológicos. |
| Expresión e información | CE, art. 20 | Sin censura previa; secuestro solo judicial; información veraz. |
| Reunión | CE, art. 21 · LO 9/1983 | Sin autorización previa; comunicación de 10-30 días (urgencia 24 h). |
| Asociación | CE, art. 22 | Registro a efectos de publicidad; disolución judicial; prohibidas secretas y paramilitares. |
| Tutela judicial | CE, art. 24 | Sin indefensión; juez predeterminado, presunción de inocencia… |
| Legalidad sancionadora y penas | CE, art. 25 · CE, art. 26 | Reeducación y reinserción; Administración civil sin sanciones privativas de libertad; sin tribunales de honor. |
| Sindicación y huelga | CE, art. 28 · LOLS · LOFCS 6.8 | FCS: sin huelga; Guardia Civil y FAS sin sindicación. |
Lo que más cae: las 72 h del art. 17, las excepciones del art. 18.2, la comunicación de manifestaciones (10-30 días, 24 h, 72 h para resolver), el art. 25.3, el art. 26 y la prohibición de huelga del art. 6.8 LOFCS.
Libertad ideológica, religiosa y de culto
CE art. 16«sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley»CE, art. 16.1
- Titulares: individuos y comunidades.
- Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias (16.2).
- Ninguna confesión tendrá carácter estatal; cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones (16.3).
El art. 16 protege tres cosas distintas: pensar lo que uno quiera (libertad ideológica), creer o no creer (libertad religiosa) y practicar esa creencia, también en público (libertad de culto). España es un Estado aconfesional: no tiene religión oficial, pero no es hostil a las religiones, y los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias de la sociedad y cooperar con las confesiones.
Una procesión o una celebración religiosa en la calle es ejercicio de la libertad de culto, y la Policía Local la protege y ordena el tráfico. Su único límite es el orden público protegido por la ley. En una identificación, un agente no puede preguntar a nadie por su religión ni por su ideología: nadie está obligado a declararlas.
Derecho a la libertad y a la seguridad
CE art. 17«en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial»CE, art. 17.2
- Privación de libertad solo en los casos y en la forma previstos en la ley (17.1).
- Detención preventiva: lo estrictamente necesario y como máximo 72 h (17.2).
- Información inmediata y comprensible de derechos y razones; no obligado a declarar; abogado en diligencias policiales y judiciales (17.3).
- Habeas corpus para la persona detenida ilegalmente; la ley fija el máximo de la prisión provisional (17.4).
En estado de excepción puede suspenderse el art. 17, salvo su apartado 3 (art. 55.1 CE).
Para el policía este es el artículo más importante del tema, porque regula la detención. Hay que distinguir dos límites temporales:
- El límite real: la detención solo puede durar el tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones que la justifican.
- El límite máximo absoluto: 72 horas. Pasadas como máximo, el detenido queda en libertad o a disposición del juez.
- Los derechos del detenido (información, no declarar, abogado) los desarrolla la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 520, tema 31) y el habeas corpus la LO 6/1984 (tema 30).
Un detenido por robo a las 10:00 del lunes. Si las diligencias terminan a las 16:00, debe pasar a disposición judicial o quedar en libertad entonces: no se puede «agotar» el plazo sin motivo. Y en ningún caso podría pasar de las 10:00 del jueves. Si el detenido o su familia creen que la detención es ilegal, pueden pedir un habeas corpus para que un juez lo vea de inmediato.
Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones
CE art. 18«Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito»CE, art. 18.2
- 18.1: honor, intimidad personal y familiar y propia imagen.
- 18.3: secreto de las comunicaciones, en especial postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
- 18.4: la ley limita el uso de la informática.
- Suspensión individual (con intervención judicial y control parlamentario) de 18.2 y 18.3 en investigaciones de terrorismo (art. 55.2).
Tres vías para entrar en un domicilio: consentimiento, resolución judicial o flagrante delito. Ni el Alcalde ni el Fiscal pueden autorizarlo.
Qué es «domicilio» a efectos constitucionales lo ha ido concretando el Tribunal Constitucional: es el espacio donde una persona desarrolla su vida privada, aunque sea temporal. Por eso se protegen la vivienda habitual, la segunda residencia, una habitación de hotel ocupada o una caravana usada como vivienda; en cambio, un bar o una tienda en horario abierto al público no son domicilio en la zona abierta al público.
Una patrulla oye gritos de auxilio y golpes en un piso y una vecina avisa de que el hombre está pegando a su pareja: hay flagrante delito y los agentes pueden entrar sin orden judicial para evitarlo. Si solo sospechan que dentro hay droga, sin flagrancia ni consentimiento del titular, necesitan una resolución judicial. Escuchar las llamadas telefónicas de un sospechoso exige siempre autorización judicial (art. 18.3).
Libertad de residencia y circulación
CE art. 19Los españoles eligen libremente su residencia y circulan por el territorio nacional; pueden entrar y salir de España en los términos de la ley.
«Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos»CE, art. 19
Una orden judicial de alejamiento o de prohibición de residir en un lugar (pena del Código Penal, tema 22) limita la libertad de residencia y circulación, pero es legítima porque la acuerda un juez por un delito. Lo que no cabría es prohibir a alguien vivir en un municipio por sus ideas políticas. La entrada y permanencia de los extranjeros se rige por la ley de extranjería (tema 35).
Libertad de expresión
CE art. 20- 20.1: a) expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones; b) producción y creación literaria, artística, científica y técnica; c) libertad de cátedra; d) comunicar o recibir información veraz (cláusula de conciencia y secreto profesional).
- 20.3: control parlamentario de los medios públicos y acceso de los grupos significativos.
- 20.4: límites: los demás derechos del título, en especial honor, intimidad, propia imagen y protección de la juventud y la infancia.
«El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa»CE, art. 20.2
«Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial»CE, art. 20.5
Libertad de expresión (opiniones, juicios de valor) y derecho a la información (hechos) no son lo mismo: la información debe ser veraz, es decir, contrastada con diligencia; la opinión no puede ser «verdadera o falsa», pero no ampara los insultos gratuitos.
Un vecino reparte octavillas criticando con dureza al alcalde: es libertad de expresión. La Policía Local no puede retirar esas octavillas por su contenido; solo un juez puede acordar el secuestro de una publicación. Otra cosa es que el reparto incumpla la ordenanza de limpieza, que se sancionaría por ese motivo y no por lo que dicen.
Derecho de reunión
CE art. 21 · LO 9/1983«Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa»CE, art. 21.1
Art. 21.2: en lugares de tránsito público y manifestaciones, comunicación previa; prohibición solo por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
LO 9/1983
| Punto | Regla |
|---|---|
| Concepto (art. 1) | Concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas con finalidad determinada. Ilícitas: las tipificadas por las leyes penales. |
| Excluidas (art. 2) | En el propio domicilio; por razones familiares o de amistad; entidades en lugares cerrados para sus fines; profesionales con clientes; establecimientos militares. |
| Sin autorización (art. 3) | Ninguna reunión requiere autorización; la autoridad las protege frente a quien las perturbe. |
| Responsables (art. 4) | Organizadores responden del buen orden; daños: participantes directamente, organizadores subsidiariamente. |
| Suspensión y disolución (art. 5) | Ilícitas penalmente; alteraciones del orden público con peligro; uniformes paramilitares; organizadas por militares o guardias civiles infringiendo sus límites. |
| Comunicación (art. 8) | Por escrito, mín. 10 y máx. 30 días naturales; urgencia: mín. 24 h. |
| Contenido e informe (art. 9) | Organizadores, lugar, fecha, hora, duración, objeto, itinerario y medidas de seguridad. Informe del Ayuntamiento en 24 h (silencio = favorable; no vinculante). |
| Prohibición o modificación (art. 10) | Resolución motivada notificada en 72 h desde la comunicación. |
Reunión a efectos de la ley: más de 20 personas. Y la autoridad no «autoriza»: recibe la comunicación y solo puede prohibir o proponer cambios.
Una asociación quiere manifestarse el 20 de mayo por el centro de la ciudad. Debe comunicarlo por escrito a la Delegación (o Subdelegación) del Gobierno entre el 20 de abril y el 10 de mayo (entre 30 y 10 días naturales antes). La Delegación pide informe al Ayuntamiento, que lo emite en 24 horas sobre el recorrido, el tráfico y la seguridad (la Policía Local suele elaborarlo). Si la Delegación quiere prohibirla o cambiar el recorrido, debe notificarlo de forma motivada en 72 horas desde la comunicación. Si de repente hay un motivo urgente (por ejemplo, un atentado), puede comunicarse con un mínimo de 24 horas.
Papel de la Policía Local en una manifestación comunicada: proteger el ejercicio del derecho, ordenar y desviar el tráfico, cuidar el recorrido y colaborar con las FCSE. Solo se suspende o disuelve en los casos del art. 5 LO 9/1983.
Derecho de asociación
CE art. 22- Ilegales: las que persigan fines o usen medios tipificados como delito.
- Registro a los solos efectos de publicidad.
- Disolución o suspensión solo por resolución judicial motivada.
«Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar»CE, art. 22.5
Un club de senderismo se inscribe en el Registro de Asociaciones de la Junta: la inscripción sirve para dar publicidad frente a terceros, pero la asociación existe desde que se constituye. La Administración no puede disolverla porque no le gusten sus actividades: solo un juez, con resolución motivada.
Tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión
CE art. 24«sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión»CE, art. 24.1
Art. 24.2: Juez ordinario predeterminado por la ley; defensa y asistencia de letrado; ser informado de la acusación; proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías; medios de prueba pertinentes; no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable; presunción de inocencia. La ley dispensa de declarar por parentesco o secreto profesional.
La indefensión se produce cuando a alguien se le impide defenderse: no se le notifica, no se le deja alegar o no se le permite proponer pruebas. La presunción de inocencia significa que es la acusación quien debe probar la culpa, no el acusado su inocencia; por eso las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales no sirven.
Un atestado policial en el que la confesión se obtuvo sin informar al detenido de su derecho a no declarar y a tener abogado puede acabar sin valor. Y si una prueba se consigue entrando en un domicilio sin orden ni flagrancia, el juez no podrá usarla: de ahí la importancia de respetar los arts. 17, 18 y 24 en cada intervención.
Legalidad penal y sancionadora, sentido de las penas y tribunales de honor
CE arts. 25 y 26«Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa»CE, art. 25.1
- 25.2: penas privativas de libertad y medidas de seguridad orientadas a la reeducación y reinserción social; nunca trabajos forzados.
- El preso conserva sus derechos fundamentales salvo los limitados por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria; tiene derecho a trabajo remunerado, Seguridad Social, cultura y desarrollo de su personalidad.
«La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad»CE, art. 25.3
«Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales»CE, art. 26
Los arts. 25.3 y 26 hablan de Administración civil: no alcanzan a la Administración militar.
Un ayuntamiento no puede convertir en días de arresto una multa de la ordenanza que no se paga: la Administración civil nunca impone sanciones privativas de libertad (el impago se cobra por la vía de apremio). Solo un juez penal puede imponer prisión o la responsabilidad personal subsidiaria por impago de una multa penal. Un colegio profesional tampoco puede crear un «tribunal de honor» que juzgue a sus miembros.
Sindicación y huelga; personal de las FCS
CE art. 28 · LOLS · LOFCS- 28.1: libertad sindical (fundar, afiliarse, confederarse; nadie obligado a afiliarse). La ley puede limitar o exceptuar a Fuerzas o Institutos armados y Cuerpos con disciplina militar, y regula las peculiaridades de los funcionarios.
- 28.2: huelga de los trabajadores, con garantías de los servicios esenciales.
Desarrollo y FCS
| Colectivo | Sindicación | Huelga |
|---|---|---|
| Fuerzas Armadas y Guardia Civil (Institutos armados de carácter militar) | Excluidos (LOLS 1.3) | No |
| Jueces, Magistrados y Fiscales en activo | No (LOLS 1.4) | — |
| Policía Nacional y policías autonómicas (FCS no militares) | Sí, con normativa específica (LOLS 1.5) | No (LOFCS 6.8) |
| Policía Local (LOFCS 52) | Sí: Instituto armado de naturaleza civil; la ley de la DA 2.ª.2 LOLS | No (6.8) |
«no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo»LO 2/1986, art. 6.8
Tampoco acciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios.
El policía local sí puede afiliarse a un sindicato, pero no puede hacer huelga. El guardia civil no puede ni lo uno ni lo otro.
Un sindicato de policías locales puede negociar las condiciones de trabajo con el ayuntamiento, convocar asambleas o presentar reclamaciones. Lo que no puede es convocar una huelga ni una «huelga de celo» (por ejemplo, ralentizar deliberadamente las denuncias o dejar de atender avisos como protesta): serían acciones sustitutivas de la huelga o concertadas para alterar el servicio, prohibidas por el art. 6.8 LOFCS.
Trampas típicas del tema
- Detención preventiva: lo estrictamente necesario y máximo 72 h (art. 17.2 CE).
- Domicilio: consentimiento, resolución judicial o flagrante delito.
- Comunicaciones: solo resolución judicial.
- Residencia y circulación: derecho de los españoles.
- Secuestro de publicaciones: solo resolución judicial; censura previa: nunca.
- Reunión: más de 20 personas; comunicación de 10 a 30 días naturales; urgencia 24 h; respuesta en 72 h.
- Asociaciones: registro solo a efectos de publicidad; disolución judicial.
- Art. 25.3 y 26: Administración civil.
- FCS: sin huelga en ningún caso. Guardia Civil: sin sindicatos.
- Estado de excepción: no se suspende el art. 17.3.
Tabla de datos que caen
| Dato | Qué es | Dónde |
|---|---|---|
| 72 h | Máximo de la detención preventiva | CE, art. 17.2 |
| > 20 personas | Concepto de reunión | LO 9/1983, art. 1.2 |
| 10-30 días naturales | Antelación de la comunicación | LO 9/1983, art. 8 |
| 24 h | Comunicación urgente / informe municipal | LO 9/1983, arts. 8 y 9 |
| 72 h | Notificación de la prohibición o modificación | LO 9/1983, art. 10 |
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94 preguntas del tema 2, cada una enlazada al apartado de estos apuntes donde se explica.